ste proyecto pretende mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad y así mismo, ayuda a contrarrestar el hacinamiento en los centros de reclusión transitorios como las Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata -URI-.
Esta firma se proyectó en conjunto con la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, General Mariano Botero y el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero.
Para dar cumplimiento a esta importante alianza, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha puesto a disposición todas las capacidades técnicas, logísticas y humanas con que cuenta la entidad y sus adscritas, como lo son el INPEC y la USPEC, todo con el firme propósito de mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad que se encuentran en la ciudad de Bogotá y de analizar las vías para reducir el encarcelamiento como único camino para resocializar a quienes cometen delitos.
Ruiz Orejuela afirmó que es un “mega-proyecto” estructurado de manera adecuada y positiva para la población privada de la libertad en donde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- le entregue al Distrito una porción de los terrenos del actual predio de La Picota para la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva cárcel.
A su vez, la alcaldesa Mayor de Bogotá indicó que “es un convenio muy importante, trascendental e histórico para Bogotá, pues se trata de mejorar y resarcir los delitos, a través de la justicia. Esto se trata de hacer justicia, no de hacer venganza; así que las personas privadas de la libertad entren en mejores condiciones y permitan estructurar la política criminal en nuestra ciudad”.
USPEC avanza articuladamente con entes nacionales y distritales contribuyendo al Plan de Humanización de la Población Privada de la Libertad.