La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, en cumplimiento con lo exigido por la Corte Constitucional, respecto a la atención y seguimiento en salud a las personas privadas de la libertad transgénero, llevó a cabo un encuentro intersectorial con la Vicepresidencia de la República, MinJusticia y otras instituciones.
La mesa intersectorial en la que participaron la Vicepresidencia de la República, a través de la Gerencia de Diversidad Sexual y de Derechos LGTBIQ+, el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Política Criminal y otras entidades externas como la Fiduciaria Central – Fondo Nacional de Salud PPL, Colombia Diversa, Profamilia y la Fundación GAAT, se realizó con el fin de identificar la problemática actual y establecer las posibles rutas de solución para la atención y seguimiento en salud de las personas privadas de la libertad transgénero pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, que quieran acceder a tratamientos y procedimientos de reafirmación de género.
Desde la USPEC se planteó la necesidad de reconocer dos momentos:
La atención en salud actual para esta población y
La ruta que debe ser actualizada y ajustada por los diferentes sectores, con el fin de llegar al consenso que se requiere y que aborde la problemática real, así como la cobertura de las necesidades de la población privada de la libertad de la comunidad LGTBIQ+.
Para la atención en salud, la USPEC en coordinación con el INPEC, hará seguimiento a los casos presentados y realizará con el Fondo Nacional de Salud PPL, las validaciones necesarias para lograr que esta población acceda a los servicios de salud, según cada caso, eliminando posibles barreras que hayan tenido anteriormente.
Para lograr estos fines, se estableció el compromiso de compartir la ruta actual y en el mes de enero de 2024, revisar todas las observaciones que tenga cada una de las entidades, ajustar la ruta y acercarla a la necesidad de la PPL LGTBIQ+, también para el acceso al servicio de salud, todo con un enfoque que permita la realización de tratamientos medicalizados y procedimientos quirúrgicos, o de cualquier índole que se requieran para la reafirmación de género de la población privada de la libertad que lo solicite.