Bogotá, 27 de junio de 2026
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) se permite realizar algunas precisiones frente a la información publicada por la Revista CAMBIO con ocasión del Informe de Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia 2025.
La entidad reafirma su compromiso con la transparencia, el control fiscal y el acceso a la información pública. En ese contexto, considera necesario aclarar algunos aspectos técnicos relacionados con su gestión y en el entendido de que algunas afirmaciones contenidas en la publicación de la revista, presentan interpretaciones que no corresponden al alcance técnico del informe de auditoría y omiten elementos fundamentales para comprender adecuadamente la gestión financiera, contractual, operativa y de infraestructura que adelanta la entidad.
1. Sobre la información financiera
La afirmación según la cual la disminución de los activos de la USPEC constituye un supuesto "agujero contable" parte de una interpretación técnicamente incorrecta de los estados financieros.
En contabilidad pública, una disminución en el valor de los activos no implica, por sí misma, la pérdida o desaparición de recursos públicos ni constituye evidencia de un detrimento patrimonial. La variación registrada entre las vigencias 2024 y 2025 obedeció a un proceso de reconocimiento y saneamiento de hechos económicos de vigencias anteriores, desarrollado conforme al Régimen de Contabilidad Pública y a la doctrina de la Contaduría General de la Nación, con el propósito de que los estados financieros reflejaran la realidad económica de la entidad.
La reexpresión realizada durante la vigencia 2025 no representó la pérdida de recursos públicos, sino la actualización de su reconocimiento contable, derivada del modelo legal mediante el cual se administran los recursos destinados a la atención en salud de la población privada de la libertad a través del Fondo Nacional de Salud y del esquema fiduciario previsto en la normatividad vigente.
De igual manera, las observaciones relacionadas con provisiones, conciliaciones y procesos judiciales corresponden a aspectos propios de una auditoría financiera y hacen parte de procesos normales de seguimiento y mejora institucional.
En consecuencia, equiparar estos ajustes técnicos con un supuesto "agujero contable" conduce a conclusiones que no reflejan la realidad financiera de la entidad.
2. Sobre el servicio de alimentación y la interventoría
La publicación sostiene que existen deficiencias sistemáticas en la supervisión de los contratos de alimentación y que la interventoría estuvo ausente frente a las situaciones identificadas por la Contraloría. Esta afirmación desconoce el alcance jurídico de la interventoría y las actuaciones adelantadas desde el inicio de la ejecución contractual.
El Contrato de Interventoría No. USPEC-CTO-206-2025 tiene por objeto ejercer el seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de los contratos derivados de la Licitación Pública USPEC-LP-002-2025. En desarrollo de estas funciones, la interventoría verifica permanentemente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, documenta hallazgos, formula requerimientos y emite conceptos técnicos.
Es importante precisar que la interventoría identifica los hallazgos derivados de la ejecución contractual y, con base en ellos, adelanta la imposición de descuentos conforme a lo establecido en el contrato. De manera paralela, una vez identificados los riesgos críticos, formula los requerimientos de presunto incumplimiento a los operadores, los cuales dan lugar a la adopción inmediata de acciones de contingencia orientadas a superar las situaciones que puedan afectar la prestación del servicio. En caso de que dichas contingencias no sean subsanadas, y previa verificación en campo, la interventoría remite a la entidad contratante el correspondiente informe de presunto incumplimiento, para que esta, en el marco del debido proceso administrativo, determine las acciones o sanciones contractuales a que haya lugar.
Ahora bien, es importante señalar que, por tratarse de una interventoría integral, esta ejerce la supervisión directa sobre los contratos de alimentación y tiene la responsabilidad de exigir a los operadores el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de las obligaciones contractuales. Para ello, desarrolla de manera permanente actividades de seguimiento y control, orientadas a prevenir la interrupción del servicio y a verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en cada uno de los establecimientos de reclusión.
Antes del desarrollo de la auditoría, y como resultado del seguimiento permanente adelantado por la interventoría para promover la mejora continua y la superación de los hallazgos identificados, es importante precisar que el servicio de alimentación en los establecimientos de reclusión demanda una operación continua y de alta intensidad, desarrollada todos los días del año para garantizar la preparación, distribución y suministro oportuno de los alimentos a la población privada de la libertad.
Esta dinámica genera un desgaste continuo de la infraestructura y de los equipos, cuya atención corresponde, según el caso, al contratista o a la entidad, con el fin de evitar afectaciones en la operación y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, inocuidad y oportunidad en la prestación del servicio.
En los establecimientos mencionados en la publicación, la interventoría ha adelantado actuaciones permanentes de seguimiento que incluyen requerimientos de planes de mejora, visitas técnicas, notificaciones de descuento, informes de presunto incumplimiento y controles específicos sobre gramajes, dietas, condiciones higiénico-sanitarias, infraestructura, manejo de residuos y cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad.
Como resultado de estas acciones se han ejecutado adecuaciones locativas, mejoras en infraestructura de los ranchos, mantenimiento de cuartos fríos, fortalecimiento de controles sanitarios, seguimiento permanente a los operadores y procesos administrativos orientados a garantizar la mejora continua del servicio.
Asimismo, la entidad aclara que afirmaciones relacionadas con el suministro de alimentos en estado de descomposición o con incumplimientos generalizados en los horarios de alimentación no encuentran sustento en el Informe de Auditoría de la Contraloría.
La USPEC mantiene un esquema permanente de control basado en planes de mejoramiento, descuentos contractuales cuando hay lugar a ellos, requerimientos formales de presunto incumplimiento y seguimiento continuo a la ejecución de los contratos, garantizando una supervisión documentada y transparente.
3. Sobre la infraestructura penitenciaria
Frente a las afirmaciones relacionadas con el estado de algunos establecimientos de reclusión, la USPEC precisa que la infraestructura penitenciaria del país enfrenta retos históricos derivados principalmente de la antigüedad de gran parte de sus edificaciones.
De los 124 establecimientos de reclusión vigentes, 109 corresponden a infraestructura de primera generación, construida antes de 1990 bajo estándares arquitectónicos y normativos diferentes a los actuales; cinco pertenecen a la segunda generación y diez a la tercera generación. Estas condiciones, sumadas al crecimiento sostenido de la población privada de la libertad y a las limitaciones presupuestales acumuladas durante décadas, representan desafíos que la entidad atiende mediante programas permanentes de mantenimiento, conservación y modernización.
Las situaciones descritas en el informe corresponden a observaciones realizadas en establecimientos específicos y no reflejan el estado general de la infraestructura penitenciaria del país.
Durante las vigencias 2024 y 2025, la USPEC ejecutó un programa permanente de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de infraestructura, priorizando las intervenciones con criterios técnicos y de riesgo. La entidad cuenta con una matriz de seguimiento que registra intervenciones en 31 establecimientos penitenciarios, incluyendo obras en ranchos de alimentación, áreas de sanidad y espacios complementarios.
Entre las principales acciones desarrolladas se encuentran la adecuación de pisos industriales y superficies sanitarias, mejoramiento de condiciones higiénicas mediante acabados especializados, modernización de equipos industriales, renovación de redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas, implementación de sistemas de ventilación y extracción, así como intervenciones estructurales para mejorar las condiciones de operación de los establecimientos.
Adicionalmente, la Dirección de Infraestructura continúa ejecutando proyectos de modernización y avanza en la estructuración de los Lineamientos de Diseño Penitenciario, iniciativa que permitirá estandarizar técnicamente los establecimientos de reclusión y fortalecer el cumplimiento de los estándares definidos por la Corte Constitucional para superar el Estado de Cosas Inconstitucional.
La USPEC reitera su respeto por la labor de la Contraloría General de la República y mantiene su compromiso con la transparencia, la mejora continua y el fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario del país.
Las observaciones formuladas por los organismos de control constituyen un insumo para fortalecer la gestión institucional y continúan siendo atendidas mediante acciones de seguimiento, mejoramiento y control. No obstante, la entidad considera indispensable que la información suministrada a la opinión pública refleje el contexto técnico completo de los procesos evaluados, evitando interpretaciones que puedan generar conclusiones equivocadas sobre la gestión institucional.
La entidad continuará colaborando con los organismos de control, suministrando información verificable y trabajando por una infraestructura penitenciaria más moderna, un servicio de alimentación con altos estándares de calidad y una gestión pública transparente al servicio del país.