De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1, del artículo 110 de la Ley  1952 de 2019, la intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar bajo la gravedad de juramento la queja formulada en contra del funcionario público.

También tiene la posibilidad de aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo o fallo absolutorio que se produzcan dentro de la actuación.