1.    Existencia de una situación real y concreta de violación o amenaza de un derecho fundamental. 
2.    Interés legítimo de la persona que interpone la acción de tutela. 
3.    La autoridad pública o el particular contra quien se dirige la acción debe estar determinada o determinable. 
4.    Inexistencia de otro mecanismo o recurso de defensa excepto cuando se demuestre un perjuicio irremediable. 
5.    En los casos de tutela contra medio de comunicación deberá existir la solicitud previa de rectificación de informaciones inexactas y erróneas, realizadas por parte del peticionario.