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Servicios al ciudadano


Octubre 31 de 2017. La Uspec llevó a cabo la Rendición de Cuentas para la vigencia 2015, 2016 y avances de 2017 el pasado 30 de octubre vía streaming y a través de los diferentes medios virtuales.

Dentro de las temáticas tratadas, el Viceministro de Justicia y el Derecho y director (e), Fabián Gonzalo Marín Cortés, señaló que para contribuir al mejoramiento de las condiciones dignas de la población privada de la libertad y la superación del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional, la Uspec, a través de programas de intervención propende por el goce efectivo de derechos de esta población, mediante la generación de cupos penitenciarios y carcelarios que entre otros, contempla: espacios para la efectiva resocialización de las personas privadas de la libertad; prestación de servicios de salud bajo la perspectiva de protección integral, especial y diferencial; seguridad alimentaria bajo los parámetros estándares de calidad y vigilancia electrónica con alta tecnología.

La infraestructura se orientó su gestión, de acuerdo al plan de desarrollo del gobierno nacional, en garantizar las condiciones de habitabilidad, respetando la vida digna individual y en colectivo de la población privada de la libertad

La nueva política de la infraestructura, se centra en superar la crisis de las condiciones de hacinamiento y deterioro de la infraestructura penitenciaria y carcelaria, respondiendo a los parámetros del derecho internacional humanitario.

Durante la vigencia 2015 se hizo entrega de 1.912 cupos y en 2016 un total de 884 en 7 establecimientos carcelarios del orden nacional. En lo que va corrido de este año se han entregado 1.752 nuevos cupos, más 720 de Buga y 656 de Tuluá listos para inaugurar, suman 1.376, para un total en 2017 de 3.128 nuevos cupos.

Los nuevos Eron tienen los últimos requerimientos en tecnología, con espacios como alojamiento, talleres, comedores, cocina, visita conyugal, áreas que responden a los retos del siglo xxi en cuanto a la disminución de los índices de hacinamiento y protocolos a nivel internacional, acogiéndose a las reglas Nelson Mandela.

Para 2018 se proyecta entregar 1.504 nuevos cupos, en Girón 760, Ipiales 608 y Manizales 136, que ayudarán a mitigar las condiciones de hacinamiento y se continuará prestando el servicio de mantenimiento a la infraestructura penitenciaria a los Eron, propendiendo por el cumplimiento de los estándares establecidos en los instrumentos internacionales bajo la perspectiva de los derechos humanos. Para brindar condiciones dignas de habitabilidad a la población privada de la libertad, la Uspec contrató intervenciones de renovación, mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura general que contienen la operación de los sistemas de tratamiento de potabilización de agua, almacenamiento, distribución y sistemas de tratamiento de agua residuales, igualmente el suministro, instalación, conexión, energización puesta en servicio y adecuaciones civiles de subestaciones eléctricas.

Por su parte la Dirección de Logística se encarga de gestionar el suministro de bienes requeridos por el cliente, mediante la formulación de políticas y estrategias para la adquisición y la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la provisión de bienes que permita el mejoramiento de la gestión penitenciaria y carcelaria.

En salud, la Ley 1709 de 2014 creó el Fondo Nacional de Salud, FNS, para la población privada de la libertad como una cuenta especial de la nación, con independencia patrimonial y contable, sin personería jurídica, constituido con recursos del presupuesto general de la nación.

Esta ley previó que, dicho fondo fuera manejado por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el estado tenga más del 90% del capital, la cual es contratada por la Uspec.

El modelo de atención en salud que administra el FNS es de carácter especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género y cuenta con atención intramural, extramural y atención primaria en salud.

Los servicios intramuros son prestados a nivel nacional por personal asistencial contratado mediante 980 OPS conformado por médicos, odontólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería e higienistas orales. Los servicios extramurales son brindados a través de una red conformada por 197 IPS públicas y privadas.

Los servicios complementarios que se prestan a nivel intramural están constituidos por la atención a pacientes con vih-sida, salud mental, laboratorios e imagenología de apoyo diagnóstico, atención de pacientes con enfermedades crónicas oncológicos y renales. Igualmente se cuenta con la contratación de un call center para autorizaciones de servicios de salud, auditoría de cuentas médicas y la recolección y manejo de residuos sólidos.

Con los recursos del fondo se cubren los servicios del modelo de atención en salud para la población intramuros (120.000) y la afiliación al régimen subsidiado de la ppl domiciliaria (57.000). El servicio de salud incluye el examen médico de ingreso y egreso para los reclusos.

Los retos para 2018 serán implementar el modelo de atención en salud mediante proceso de invitación pública conforme al cronograma y términos de referencia recomendados por el consejo directivo del Fondo Nacional de Salud para las personas privadas de la libertad.

En relación a alimentación, la Unidad adelantó un proceso amplio, transparente, pluralista, objetivo, a través de los mecanismos legales con que cuenta la unidad, donde un grupo de expertos determinó las mejores condiciones de prestación de este servicio a nivel nacional y con significativos ahorros que están permitiendo optimizar el servicio con una férrea supervisión técnica y social.

El servicio de alimentación responde a las necesidades particulares de la comunidad penitenciaria, teniendo en cuenta la diferencia de género y la caracterización de la población; específicamente en sus hábitos alimentarios, cultura, creencias religiosas y condiciones especiales de salud (diagnóstico médico, gestación y lactancia).

Los alimentos suministrados a las personas privadas de la libertad cumplen estándares de calidad, cantidad e inocuidad, asegurando un balance nutricional por género y ajustado a condiciones especiales como parte de la garantía de los derechos fundamentales de esta población, brindando una adecuada atención y protección, mediante los instrumentos para medir los gramajes y la inocuidad de los alimentos, las condiciones técnicas de preparación. El menú entregado a los internos está establecido en porción servida, cumplimiento con los micronutrientes y kilo/calorías, los cuales proporcionan una nutrición balanceada.

Hoy se cuenta con un equipo de expertos, nutricionistas, ingenieros de alimentos, que atiende de manera permanente a la PPL, mediante instrumentos de supervisión; se destaca que los internos hacen parte de la supervisión al contratista, mediante las mesas de derechos humanos. Para 2018, la Uspec debe garantizar su seguridad alimentaria, en concordancia con las recomendaciones de la FAO, adoptadas por Colombia.

En sistemas de vigilancia de la Uspec, desde el 5 de diciembre de 2014 hasta mayo de 2017 se tenían 4.400 dispositivos, operados por energía integral andina. Desde febrero de 2017 se contrató al nuevo operador, la Unión Temporal Sistemas Electrónicos de Seguridad, que renovó el sistema de vigilancia electrónica manteniendo el servicio ininterrumpido con 6.000 dispositivos activos para ser instalados a la ppl con un centro de monitoreo moderno, un Datacenter de última generación y una plataforma de software para realizar el seguimiento detallado de la ubicación en tiempo real. Este contrato va hasta julio de 2018.

Igualmente, los componentes de comunicación, conectividad, sistemas auxiliares de circuitos cerrados de televisión, maquinas detectoras de metales, rayos x para detección de elementos prohibidos, entre otros, para generar altos niveles de confiabilidad y seguridad. En el proceso de instalación de la nueva tecnología se han adelantado 4.618 visitas y se tienen 3.131 equipos instalados.

Para poner al país en ese contexto de arquitectura tecnológica y seguridad electrónica a la par de otras urbes del mundo, la Uspec se compromete a llevar al país a lo más alto en esta materia.

Proyectar a la Uspec mediante la investigación y tecnología, con modernos sistemas de vigilancia electrónica con mecanismos de monitoreo electrónico y plataformas de avanzada. La automatización de los centros penitenciarios y carcelarios, el sistema de gestión de la información, comunicación, conectividad y competitividad especializadas, son los compromisos para 2018,

En contratación durante la vigencia 2015 y 2016 se adelantaron un total de 597 procesos de los cuales se derivaron 707 contratos por un valor total de $ 948.385.500.477. En lo que va corrido de la presente vigencia, se han realizado 130 procesos que han generado el mismo número de contratos (130) por un valor con corte al 18 de agosto de $ 706.918.828.102.

En atención al ciudadano, en 2015 se tramitaron 1.111 peticiones, quejas y denuncias, mientras que en el 2016 fueron 2.533, de los cuales el mayor número correspondió a logística.

En el 2017 se ha dado trámite a 1.394 pqrds y como fortalecimiento a la participación ciudadana, la Uspec asiste a las ferias ciudadanas para dar a conocer la misión de la entidad.

La Dirección Administrativa y Financiera – Grupo de Atención al Ciudadano, hizo mejoras al aplicativo de radicación de las pqrd´s, lo que permitió la operatividad, admitiendo consolidar unas estadísticas claras, aumentar la credibilidad y confianza ciudadana, además de facilitar el control de tiempos y calidad de respuestas, para la presentación de los informes reales de pqrd´s. Es de resaltar, que se realizó esta gestión a cero costo, se prescindió de la compra de un nuevo aplicativo, con un ahorro de $260´000.000.

La Uspec tiene un gran reto y ello está trabajando, un plan maestro para el sistema penitenciario y carcelario que será la hoja de ruta, en los próximos años proyectándose como una entidad técnica y de innovación permanente en lo relacionado con desarrollo de infraestructura, la provisión de bienes y servicios para la población privada de la libertad a cargo del INPEC y asesorar a los entes territoriales en materia de construcción y operación de servicios de centros carcelarios de su competencia.