USPEC / El Ministerio de Justicia y el INPEC, trabajan para ponerle fin a la reincidencia de las personas en detención domiciliaria.

El Ministerio de Justicia y el INPEC, trabajan para ponerle fin a la reincidencia de las personas en detención domiciliaria.

Barranquilla (Atlántico), 23 de marzo de 2017. Este viernes, El Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, y autoridades del orden territorial del norte del país se reunieron para anunciar el compromiso por parte de la Policía Nacional de este departamento para poner en marcha el plan piloto que busca garantizar la vigilancia de las personas que saldan su deuda con la justicia en detención domiciliaria, la mesa dio a conocer que serán los policías del cuadrante los encargados de vigilar y hacer el reporte correspondiente de las personas privadas de la libertad que cuentan con brazalete electrónico en el Atlántico.
 
“Ya tenemos una hoja de ruta lista para comenzar con este programa piloto, aproximadamente en dos semanas, la vigilancia de la detención domiciliaria la debemos comenzar a hacer casi que de inmediato, de esta forma, desde el Gobierno Nacional queremos ponerle fin a la problemática de la reincidencia que tanto asecha a los colombianos”, aseguró el Ministro Gil Botero.
 
Por otro lado, durante la reunión entre el Ministro Gil Botero; el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Brigadier General, Jorge Luis Ramírez Aragón; el Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Juan Carlos Restrepo; el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y Clemente Fajardo, Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Barranquilla se dialogó sobre los avances en materia del convenio 452 suscrito el pasado 29 de septiembre de 2017.
 
Con este convenio marco de cooperación, el Gobierno busca desarrollar estrategias y proyectos para la planeación, construcción, administración y mantenimiento de los centros penitenciarios y carcelarios del Atlántico, así mismo reducir la tasa de hacinamiento en las cárceles y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI’S).
 
“El Gobierno Nacional tiene una política clara de humanizar las cárceles, los recursos existen y estamos en contribución y en cumplimiento legal conforme a la ley armonizando municipios y departamentos en el cumplimiento de la población privada de la libertad, ya sean sindicados o condenados”, dijo el alto funcionario. 
Desde el Ministerio de Justicia se busca enlazar la seguridad ciudadana con las garantías y derechos de las personas privadas de la libertad. Con la puesta en marcha de este convenio, el Gobierno Nacional busca fortalecer y racionalizar la política criminal y penitenciaria del Atlántico.
 
El alto funcionario concluyó su intervención asegurando que lo más importante de las medidas o estrategias que se implementen en el marco de esta relación de cooperación, será el garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. “La construcción de centros de reclusión deberá cumplir con los estándares más altos definidos por la Corte Constitucional y los demás organismos internacionales en cuanto a diseño y ejecución”, puntualizó.
 
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